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Mieres iniciará este miércoles el derribo urgente de un edificio en La Felguera tras un desprendimiento

El Ayuntamiento de Mieres comenzará mañana miércoles el derribo urgente y controlado de un edificio situado en La Felguera (Turón), después de que parte del inmueble se viniera abajo durante la pasada madrugada, generando una situación de riesgo para la seguridad pública.

Como medida preventiva, la carretera AS-337 permanece cortada al tráfico en este punto, con desvíos habilitados por la carretera de Hunosa, desde la rotonda del Pozo San José hasta el cruce de acceso al campo de fútbol y la piscina de Mejoras del Valle. Este corte afecta también a los servicios de transporte público de EMUTSA y al transporte escolar.

Tras la primera intervención realizada durante la madrugada por Guardia Civil y Bomberos, desde primera hora de la mañana los servicios municipales trabajan en las labores de urgencia para asegurar la zona. El derribo será ejecutado por la empresa contratada por el Ayuntamiento para las ejecuciones subsidiarias, con el objetivo de eliminar cualquier peligro para la ciudadanía.

Desde el Consistorio se ha recordado que el edificio llevaba más de tres años bajo requerimientos oficiales, desde 2022, instando a la propiedad a actuar ante su estado de deterioro. El área de Desarrollo Urbano Sostenible subraya que es una obligación básica de las personas propietarias mantener en buen estado sus inmuebles, especialmente cuando existen emplazamientos formales del Ayuntamiento para evitar situaciones de ruina.

El Gobierno local insiste en que no se trata únicamente de un problema de imagen urbana, sino de una cuestión de seguridad pública. En este sentido, el Ayuntamiento de Mieres viene apostando desde hace años por las ejecuciones subsidiarias, asumiendo el derribo de edificios en ruina mediante autorización judicial y reclamando posteriormente los costes a la propiedad.

Para reforzar este programa de regeneración urbana, el Consistorio ha duplicado el presupuesto en los últimos años, movilizando alrededor de 200.000 euros anuales, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo, mejorar la salubridad y actuar en los casos más extremos de abandono inmobiliario en el concejo.

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