Izquierda Unida ha anunciado que plantará cara a lo que considera una “caza de brujas” promovida por la «ultraderecha» contra la población migrante en Asturias. Alcaldes y cargos orgánicos e institucionales de la formación hicieron este miércoles un llamamiento a todas las fuerzas políticas democráticas de los 78 concejos asturianos para que no atiendan la solicitud remitida por el grupo parlamentario de VOX a los ayuntamientos, en la que se piden datos del padrón desglosados por nacionalidad.
IU sostiene que la petición —que reclama el número total de personas empadronadas cada año y su evolución dividida por nacionalidades— no persigue un fin estadístico, sino la elaboración de “listas negras” y la generación de un clima de estigmatización hacia la población migrante.
“Un ataque racista y xenófobo”
En rueda de prensa, la secretaria de Política Municipal de IU Asturias, Llarina González, calificó la iniciativa de “ataque racista y xenófobo” y denunció que supone utilizar las instituciones públicas “para generar odio”.
“Nos parece una caza de brujas. No hay justificación ni contexto para pedir estos datos. El único objetivo es señalar al diferente y tratar de construir listas negras”, afirmó, añadiendo que se trata de una estrategia que busca presencia política “ayuntamiento a ayuntamiento”, incluso donde VOX no tiene representación.
González recordó que, según el artículo 199 del reglamento de la Junta General, los ayuntamientos no están obligados a facilitar esa información a un grupo parlamentario, por lo que defendió que la respuesta debe ser el silencio administrativo acompañado de una “denuncia política clara”. “Hay líneas rojas que no se pueden traspasar”, subrayó.
Advertencia institucional
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos y coordinadora local de IU en Mieres, Beatriz González Prieto, consideró un “sinsentido” emplear las instituciones democráticas para promover la exclusión.
“Para quien cree en el sistema democrático, esto no tiene sentido. Pero para quienes quieren reventarlo desde dentro, es una estrategia”, afirmó. A su juicio, el papel de las administraciones debe ser “ampliar derechos y garantizar que las personas que viven y vienen a Asturias tengan una vida digna y un futuro”.
González Prieto destacó además la aportación de la población migrante en zonas afectadas por la pérdida demográfica, como las cuencas mineras, donde “llenan aulas, sostienen la economía y enriquecen la sociedad”.
Respaldo de alcaldes
Los alcaldes presentes rechazaron cualquier colaboración con la solicitud parlamentaria. El regidor de Morcín, Maximino García, aseguró que los ayuntamientos “no van a poner un trabajador público al servicio de un tercero para hacerle el trabajo” y defendió que la migración es “una necesidad y un derecho”, recordando que muchos españoles emigraron y fueron acogidos en otros países.
García subrayó también la contribución de las personas migrantes en sectores como el primario o la atención a la dependencia, desempeñando “trabajos duros y esenciales”.
Por su parte, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, apeló a la tradición solidaria del municipio. “No vamos a colaborar en ninguna lista negra”, afirmó, instando al conjunto de alcaldes y alcaldesas, “no solo de la izquierda, también de la derecha”, a no atender la solicitud. “Los ciudadanos empadronados somos todos iguales. No hay ciudadanos de primera o de segunda”, concluyó.
En la comparecencia también participó el alcalde de Teverga, Adrián Gayo, en una imagen de unidad institucional frente a lo que IU considera un intento de utilizar los recursos públicos para dividir a la sociedad.
IU reiteró finalmente que no permitirá que las instituciones se conviertan en herramientas de señalamiento y defendió el carácter “solidario y de acogida” de Asturias.
