El PP de Mieres ha denunciado lo que considera un nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Mieres en materia de personal, después de que, según la formación, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya dictado una sentencia que obliga al Consistorio a retrotraer actuaciones en el proceso de selección de 15 plazas de Oficial Conductor.
La resolución, siempre según la nota difundida por el grupo popular, deriva del recurso presentado por un aspirante al que el tribunal calificador no habría reconocido determinada experiencia profesional. El concejal del PP de Mieres, Víctor Ferreira, sostiene que el caso evidencia “la falta de rigor” del equipo de Gobierno y cuestiona la gestión municipal de este proceso selectivo.
Según explica Ferreira, el trabajador “prestó servicios como oficial conductor para el Ayuntamiento”, pero tuvo que acudir previamente a la vía judicial para que se le reconociera oficialmente una categoría profesional superior. El edil popular señala que, cuando el Consistorio convocó las plazas, el tribunal calificador decidió no valorar el periodo de desempeño de funciones comprendido entre julio de 2020 y febrero de 2022.
“Este trabajador prestó servicios como oficial conductor para el Ayuntamiento, pero se vio obligado a acudir a la Justicia para que le fuera reconocida oficialmente su categoría profesional superior”, afirma Víctor Ferreira, que critica que posteriormente el propio proceso municipal no tuviera en cuenta ese periodo de trabajo.
El concejal añade que la negativa a valorar esos servicios se basó en una supuesta falta de “certificado de servicios”, pese a que, según su versión, ya existía una resolución judicial que había reconocido el ejercicio efectivo de esas funciones. Ferreira asegura que el juzgado ha considerado esa decisión como “un formalismo excesivo e irregular que vulnera los principios de mérito y capacidad”.
De acuerdo con el PP, la sentencia anula la valoración realizada por el tribunal calificador y obliga al Ayuntamiento a retrotraer las actuaciones para ponderar correctamente esa experiencia profesional.
El grupo popular vincula este caso con lo que califica como una situación de “opacidad” en el área de personal. Ferreira asegura que hace tres semanas un despacho de abogados publicó en redes sociales que había obtenido otra sentencia por la que cuatro personas excluidas del mismo proceso debían ser incluidas.
“Solicitamos esta sentencia en la Comisión de Personal hace dos semanas y el Gobierno la sigue sin facilitar”, denuncia el concejal popular, que acusa al Ejecutivo local de no ofrecer toda la información sobre los procedimientos judiciales que afectan al Ayuntamiento.
Ferreira va más allá y habla de “doble rasero” en la gestión municipal. “Es inevitable percibir —y denunciamos con preocupación— que existe un doble rasero: mientras se pone la alfombra roja y se facilitan las cosas a quienes profesan afinidad política con el equipo de Gobierno, a aquellos trabajadores que no orbitan en torno a sus intereses se les somete a un calvario judicial”, sostiene el edil.
El concejal del PP afirma que esta situación “lastra la credibilidad” de los procesos de selección municipal y acusa al Gobierno local de “opacidad y enchufismo”.
La formación popular también relaciona este caso con el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la recusación del magistrado de lo Social de Mieres. Según el PP, el Ayuntamiento habría intentado justificar anteriores derrotas judiciales alegando una supuesta parcialidad del magistrado, pero el TSJA desestimó la recusación.
“Ya no cuela la excusa de culpar al Magistrado de lo Social. Primero fue el TSJA quien desmontó su farsa de la recusación, y ahora el Contencioso-Administrativo les devuelve a la realidad”, afirma Víctor Ferreira.
El PP cifra el coste de estos procedimientos en torno a 2.100 euros, sumando 1.500 euros de costas por el contencioso relacionado con el proceso de oficiales conductores y casi 600 euros por la recusación fallida. La formación pregunta quién debe asumir ese gasto y sostiene que finalmente será abonado “por los mierenses, con sus impuestos”.
“Estas dos nuevas derrotas le van a costar a los mierenses dos mil euros. ¿Quién paga estas costas judiciales? ¿Los responsables de Izquierda Unida con su sueldo? No, lo pagamos todos los mierenses”, critica Ferreira.
El edil popular enmarca estos episodios en lo que considera un “patrón” de decisiones judiciales contrarias al Ayuntamiento. En la nota, el PP cita otros casos, como el despido nulo de un profesor de violín-viola, la anulación de un expediente sancionador a otro docente y una sentencia relacionada con el corte de agua en Villar de Gallegos.
Ante esta situación, el PP de Mieres exige “responsabilidades inmediatas” y cuestiona tanto el asesoramiento jurídico como la toma de decisiones políticas dentro del Ayuntamiento. “Alguien debe asumir responsabilidades: o los servicios jurídicos contratados no asesoran bien, o quienes toman las decisiones ilícitas ignoran el derecho”, concluye Víctor Ferreira.
El concejal cierra su valoración con una frase especialmente dura contra el equipo de Gobierno: “No permitiremos que Mieres sea el cortijo donde la ley se ignora a costa del bolsillo de los ciudadanos”.
